Page 27 - Panorama Audiovisual Iberoamericano 2020

LAS NUEVAS FORMAS DE DEFRAUDACIÓN EN EL SECTOR AUDIOVISUAL. 27
FÓRMULAS PARA PALIAR SUS EFECTOS Y COMBATIR EL FRAUDE

la investigación de las redes que soportan dichas actividades ilícitas indica que es imprescindible
la especialización de miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscalía y Judicatura, ya que
deben entender la magnitud y complejidad del problema, creación de estructuras investigativas y
judiciales supranacionales operativas que faciliten la agilidad necesaria de Comisiones Rogatorias
imprescindibles para llevar a cabo las investigaciones que se deben llevar a cabo (seamos conscientes
que con frecuencia los CPDs en los que se apoyan los infractores están en un país, las cuentas
corrientes utilizadas desde donde gestionan la actividad están en otro, su red de colaboradores
está distribuido por diferentes países, los fabricantes de terminales en los que se apoyan, y con los
que cooperan en ocasiones, están en otro país; haciendo dificilísima la ejecución de investigaciones
globales, que es a lo que hay que aspirar para erradicar el problema).

En muchas ocasiones, el país en el que se ubican las partes claves de las estructuras expuestas,
no dispone de la implicación ni de la formación idónea para buscar la eficacia deseable para la
persecución y erradicación del problema expuesto, no siendo conscientes de la globalidad del
fenómeno expuesto y de sus consecuencias, y avocan la investigación a soluciones parciales,
posibilitando que los infractores recompongan sus infraestructuras y puedan continuar con la
actividad defraudatoria.

Por tanto hay que huir de creación de comisiones de discusión y pretender la creación de
estructuras de lucha efectiva que ante problemas globales faciliten respuestas operativas globales y
ágiles, toda vez que el problema que sufren los legítimos titulares no lo hacen en una única ventana
territorial, dado que se ha internacionalizado y los infractores han convertido tal circunstancia en
una ventaja que les aporta un mayor potencial volumen de usuarios y de ingresos por la actividad
fraudulenta que llevan a cabo, reduciendo su exposición, y en su caso, las consecuencias jurídicas
que deben de soportar por ésta.

El “parche” técnico en el que ha confiado tradicionalmente la “industria” para intentar evitar
vulneraciones se ha visto continuamente superado a través de los desarrollos acometidos por los
defraudadores con la finalidad expresada.

Atacar a las estructuras económicas y técnicas de estos grupos delincuenciales, y proceder a la detención,
enjuiciamiento y condena de los responsables de esta actividad defraudatoria, será la única medida efectiva
que posibilitará luchar de manera efectiva contra dicho fenómeno.
Con la aparición de nuevas plataformas legales de distribución de este tipo de contenidos nunca se podrá
llegar a el “casi gratis total demandado por los usuarios que emplean este tipo de servicios fraudulentos para
acceder a decenas de miles de contenidos -obras y grabaciones audiovisuales, algunas de eventos en tiempo
real-“, porque no nos olvidemos que todos ellos, para aquellos que los explotan legalmente, suponen una
inversión espectacular, y cuando se produce un ataque patrimonial a su propiedad, únicamente se puede
combatir mediante un medio, el LEGAL (aplicación de la norma con las consecuencias jurídicas previstas en
la misma) con visión GLOBAL.

Los perjudicados deben de establecer alianzas efectivas y crear frentes comunes en la lucha que se plantea,
orientando las acciones de manera eficaz, obteniendo evidencias digitales objetivadas sobre los medios y la
dimensión de la defraudación sufrida para demostrar todos los extremos en el transcurso del procedimiento
en el que se dilucide la identidad y responsabilidad de los infractores, así como la estructura que hace posible
la defraudación de la que son víctimas los Titulares de Derechos.

En manos de los Estados está la vital tarea de concienciación y formación de Grupos especializados de
Jueces, Fiscales y Policías, y equipos transnacionales que agilicen y posibiliten la ejecución de las necesarias
actuaciones globales de investigación, y en manos de los Titulares de Derechos objeto de infracción está
la creación de grupos “operativos” en los que de manera unificada y coordinada se obtengan elementos
acreditativos de la infracción sufrida para posteriormente compartir “inteligencia” en los informes y escritos
denuncia que serán presentados de manera concertada, representando los intereses de todos los perjudicados
ante las Autoridades citadas, evitando actuaciones parciales, y en muchas ocasiones denuncias dispersas ante
diferentes Órganos contra los mismos infractores, que únicamente contribuirán a favorecer los intereses de
dichos defraudadores.